140 militares permanecían tras las rejas por razones políticas en Venezuela hasta 5 de octubre de 2026, según el balance más reciente de la organización Foro Penal. La cifra equivale al 43% de los 322 presos políticos que existen en Venezuela, un listado que completan 182 civiles.
Del total de detenidos, 152 cuentan con condena firme y 170 aguardan en la incertidumbre de un proceso sin sentencia. En este contexto, Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en la mesa de negociación, aseguró este sábado 7 de noviembre que se gestiona una nueva tanda de excarcelaciones que incluiría a uniformados.
La Ley de Amnistía se promulgó el 19 de febrero. Sin embargo, desde que el gobierno anunció las primeras liberaciones el 8 de enero, la cobertura de los medios registró la salida de civiles, pero no un lote verificado de militares: para el 1 de febrero, un reporte de Infobae todavía contabilizaba al menos 195 uniformados tras las rejas, lo que sugiera que los militares han sido de los presos políticos con menor número de liberaciones.
Días después, el 26 de febrero, el Foro Penal sumaba 182 militares de un total de 568 presos políticos. Apenas al día siguiente confirmó el primer grupo de ocho militares excarcelados. La cifra se ajustó a 187 para el 6 de abril y hoy se ubica en 140 dentro de una lista general de 322 detenidos.
Aunque la cifra total de presos políticos se redujo, el grupo de militares tras las rejas solo cayó 23%. Cabe precisar que el balance incorpora casos recién reportados, de modo que la variación no equivale necesariamente a excarcelaciones una por una.
La contabilidad sobre los excarcelados dista de ser uniforme. El diputado de la Asamblea Nacional Jorge Arreaza reportó 31 militares beneficiados con medidas alternativas el 28 de febrero. Para el 9 de junio, la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia contabilizó 54 liberados, frente a solo 15 verificados por el Foro Penal. El descuadre se mantiene en los totales generales: Justicia, Encuentro y Perdón registró 424 presos políticos en octubre, al tiempo que el Comité por la Libertad de los Presos Políticos situó el número en “más de 400”.
La explicación principal al rezago apunta a la exclusión legal. Las autoridades sostienen que la amnistía margina a los acusados por delitos contra la seguridad e integridad territorial. Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, ha enfatizado esta diferencia en público. El 22 de febrero, tres días después de la aprobación del texto legal, recordó en su cuenta de X que la Ley de Amnistía Política General del año 2000 sí cobijó a procesados por delitos ordinarios y militares. En junio, en declaraciones a Infobae, resumió la brecha: el trato dispensado a los militares “ha sido diferente a los civiles”. Semanas antes, el 22 de abril, precisó en la misma red social que “solo el 24,21% de las excarcelaciones desde el 8 de enero de 2026 han sido por amnistía” y denunció que “no se ha publicado un informe oficial con la lista de los favorecidos”, un cálculo que abarca a la totalidad de los detenidos.
Familiares y el abogado Alonso Medina Roa denuncian además que la liberación de los uniformados opera como ficha de canje en las negociaciones de la transición. A la par surgen denuncias por torturas, incomunicación y la realización de audiencias telemáticas sin la presencia de la defensa.
Pese a las trabas, algunos nombres conocidos salieron en libertad. El 27 de febrero abandonaron la prisión la capitana Rocío Fernández y el teniente de corbeta Jesús Molina Sifontes, detenidos desde agosto de 2024. El 23 de abril correspondieron las excarcelaciones al coronel Diego Espín Trini —acusado de entregar actas del 28J—, a la teniente Johana Bermúdez y al coronel de la Guardia Nacional José de Jesús Gámez Bustamante, de 65 años, quien pasó 11 años sin juicio.
El 26 de mayo salieron el general Ramón Lozada y siete sargentos vinculados al caso Paracaidistas, tras nueve años y seis meses tras las rejas. En junio recobraron la libertad el general Tomás Enrique Martínez Macías, la mayor Diana Victoria Justo y la primer teniente Karen Gómez —del caso Brazalete Blanco—, además del general de brigada Jackson Gutiérrez, encarcelado casi dos años sin apertura de juicio.
Las excarcelaciones desde la cárcel de Ramo Verde continuaron en agosto mediante dos entregas. El 18 de agosto, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia confirmó la salida de cinco efectivos: el mayor César Girón, el sargento primero Jhorman Jiménez, el sargento segundo Johandri Aguilar y otros dos sargentos, todos bajo medidas sustitutivas que imponen régimen de presentación, prohibición de salida del país y veto para hablar con los medios.
Al día siguiente, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó sobre la liberación de tres procesados del caso Brazalete Blanco. Más tarde, el 26 de septiembre, salió el coronel Miguel Castillo Cedeño, detenido desde junio de 2019.
Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano, quien recibió sentencia de absolución el 1 de octubre en la causa Brazalete Blanco, denunció las condenas de 12 y 18 años impuestas a varios militares y exigió reformas urgentes en los organismos de inteligencia, la justicia militar y el sistema penitenciario. En el mismo juicio de San Miguel, resultaron condenadas diez personas a penas de entre tres y 18 años; la sanción mayor recayó en el capitán Ángelo Heredia, quien denunció torturas ante el tribunal.
Entre los expedientes más emblemáticos destaca el del capitán retirado de la Guardia Nacional Juan Carlos Caguaripano, quien lideró el asalto al Fuerte Paramacay. Un tribunal lo condenó a 30 años de prisión el 19 de diciembre de 2025. En febrero de 2026, un juez de Carabobo desestimó la solicitud de sobreseimiento que presentó su defensa al amparo de la Ley de Amnistía. Caguaripano ha denunciado golpizas, descargas eléctricas y asfixia con gas pimienta durante su cautiverio.
El 26 de agosto, la Corte de Apelaciones fijó un plazo de diez días para resolver su recurso; sin embargo, al 5 de noviembre la causa continuaba sin fallo, según reportó TalCual. La versión de su supuesta liberación el 16 de agosto circuló en redes sociales, pero los portales El Diario y Cotejo.info la desmintieron. Su abogada, Theresly Malavé, integrante de la ONG Justicia y Proceso, planteó la figura de un “acuerdo de salida voluntaria del país” que aceptaría un grupo de 52 presos civiles y militares. “Tenemos nueve años defendiéndolo”, subrayó la jurista.
Otros casos permanecen atascados en el limbo judicial. El teniente coronel Deibis Mota cumplió su condena de siete años y seis meses en septiembre de 2025 y sigue tras las rejas. El teniente coronel Igbert Marín Chaparro enfrenta desde el 7 de septiembre un nuevo juicio por la causa La Viñeta, aun cuando terminó de cumplir su pena en 2025. La incomunicación agrava el cuadro: Verónica Noya, esposa del capitán Antonio Sequea —detenido en 2020—, ha denunciado que tiene más de dos años sin hablar con él.
La Alianza por la Libertad de los Presos Políticos asegura que existen entre 36 y 40 boletas de excarcelación firmadas desde hace semanas que las autoridades no han ejecutado. Mientras Figuera insiste en que el país está “a las puertas de un anuncio”, los familiares que mantenían un campamento de protesta cerca de la cárcel El Rodeo I desde el 8 de enero informaron esta semana que replegarán la infraestructura, aunque mantendrán la vigilia en la zona.
