He leído una buena cantidad de artículos de todo tipo que intentan explicar analíticamente las causas de los recientes disturbios violentos ocurridos en Francia. Y todos, unos más y otros menos, se pueden calificar como descriptivos y se reducen a pintar, de manera un tanto simplista (cuando no abiertamente alarmista o sesgada) una situación histórica de gran complejidad e importancia, que excede a las visiones reduccionistas y a la misma nación gala, y se extiende a otros países de la Unión Europea (UE) y del mundo.
La mayor parte de tales artículos, firmados por analistas de alta reputación y publicados en medios de diversa calidad editorial, señalan (para mí de manera tautológica) que la raíz de esos disturbios y saqueos incontrolados es abiertamente de carácter socioeconómico, cultural y religioso.
Y que en consecuencia, la prioridad del gobierno de Macron debiera ser enfrentar directamente el origen del problema, mientras en paralelo, trate de “controlar” los brotes más feroces de malestar civil desbocado. Una tarea urgente pero, de una gran dificultad práctica dado el contexto total del momento.
Sabemos por experiencia histórica que la violencia social colectiva en contra de las personas, las instituciones, las edificaciones, las cosas y sobre todo contra las ideas cuadradas. En general vienen acompañadas, con pasmosa constancia, del pillaje vandálico puntualizado. Esta es una pareja nefasta, pero hasta cierto punto explicable. No obstante, es asimismo evidentemente condenable, debido a las consecuencias negativas que ha producido dentro del tejido humano y físico de las formaciones nacionales en el tiempo.
Vienen a la memoria las protestas masivas que generó el asesinato de George Floyd, en los EE. UU. (Mayo 2020, Minneapolis) las que fueron en principio pacíficas, pero que en algunos casos degeneraron en ataques vandálicos a la propiedad privada y pública que afectaron a muchas poblaciones del país.
Pero, lo más grave es que estas produjeron también las irreparables muertes de 25 seres humanos y una innumerable cantidad de heridos, junto a más de dos mil millones de dólares en pérdidas materiales, las cuales solo fueron cubiertas por las aseguradoras privadas en 50%, condenando así a la quiebra a muchos empresarios y empresas pequeñas.
Es más, ese asesinato cruel e innecesario de un ciudadano negro inocente, a manos de un oficial blanco de la policía, produjo, lo que los historiadores definen como la mayor protesta social registrada en los anales estadounidenses. Tanto así, que se calcula que en ella participaron entre 20 y 26 millones de personas en 140 ciudades del país. Esa protesta generalizada dio origen al movimiento “Black Lives Matter”, que se extendió a nivel mundial, a partir de entonces.
Debemos afirmar también que esos tumultos no se produjeron en un vacío social. Y que su amplificación humana tiene raíces históricas claras en la marginación socioeconómica de grandes sectores de la población estadounidense, la que paradójicamente es población negra o de “color” en los términos más claramente racistas posibles. En consecuencia, el asesinato de Floyd no puede ser entendido sino como la chispa que encendió unas brazas calientes que han estado allí de manera históricamente estructural en las mismas vísceras de la nación norteamericana.
En el caso francés sabemos que, como en EE.UU. y Venezuela, reina un ambiente tan polarizado en lo político que, como consecuencia de ello, las protestas revoltosas van a ser capitalizadas tanto en la lucha de los pensamientos como en la práctica de las acciones, por las diferentes tendencias ideológicas en liza. Con el objetivo claro de extraerles beneficios, sobre todo en términos electorales.
Lo cierto es que el gobierno francés actual no solo ha demostrado una supina incapacidad para «controlar» las manifestaciones violentas, lo cual es muy difícil siempre, hay que decirlo. Asimismo, ha demostrado una preocupante incapacidad histórica para atender de frente las verdaderas causas de las mismas durante su ejercicio en el poder.
Siguiendo los postulados históricos de una política estatal más preocupada por utilizar soluciones físicas y no estructurales. Esta política urbanística se ha caracterizado en el tiempo, por muy grandes inversiones monetarias; las que en la práctica no han sido exitosas. Lo anterior demuestra a las claras el acercamiento parcial y errado del Estado francés a las verdaderas causas del agudo malestar civil; pretendiendo “resolverlas” a través de acciones caracterizadas por el mal uso de grandes recursos financieros, organizacionales y constructivos.
Lo han hecho obviando por razones que denotan una comprensión limitada de la planeación social y enraizada en concepto tradicionales, y por tanto “cuadrados”.
Esta visión tradicional simplifica la compleja y real naturaleza de esa importantísima problemática social, que se halla incrustada en la estructura del funcionamiento global de esa nación, así como de otras muchas; que requieren de respuestas efectivas o “esféricas” que ataquen las causas reales de la cuestión.
Y esas causas se cristalizan en la marginalización socioeconómica y cultural de grandes sectores de la población,los que no tan casualmente, están compuestos en su mayoría por inmigrantes y sus descendientes, quienes proceden principalmente del norte de África y del África subsahariana.
En este sentido, uno puede afirmar, sin temor a equivocarse, que el problema de la inmigración tiene, en este caso (tal como en otros parecidos) su origen en el “colonialismofrancés” de antaño. Colonialismo que desde hace décadas está creando un malestar social generalizado dentro de las comunidades más pobres de ese país, compuestas básicamente por los inmigrantes que ya nombramos con anterioridad.
Si al factor de la marginación económica, social y cultural que asola a dichas comunidades de alta concentración poblacional, le sumamos el factor cultural-religioso (puesto que gran parte de esos «marginados» son también musulmanes) tienes allí los ingredientes primeros para una «tormenta social perfecta» en las periferias de los mayores centros urbanos galos; y cuya manifestación física más patente es la proliferación en el tiempo de los banlieues, o conjuntos residenciales de alta densidad habitacional, que se han extendido por todo el territorio francés, alrededor de las ciudades más importantes.
Estos “guetos posmodernos” son la expresión más evidente de la marginación espacial a la que también están sometidas grandes cantidades de ciudadanos franceses catalogados como “inmigrantes” (immigrés).
Esa población de “inmigrantes” que viven principalmente hacinados en esos inhóspitos banlieues en la Francia de hoy en día (con una población aproximada de 69 millones de habitantes) se caracteriza, en términos demográficos, de la siguiente manera: representa cerca del 5 % en “primera generación” (inmigrantes directos) los que suben al 10 % o 12 %, si se incluye a la “segunda generación” nacida en suelo francés. Es decir que incluye a unos 8,0 millones de personas, lo que equivale al 11,6 % de la población total del país.
De esos 8 millones, aproximadamente 2,6 millones (un 33 %) han adquirido la nacionalidad francesa por naturalización. Los otros 5,4 millones residen con pasaporte o título de estancia extranjero.
Si sumamos la primera generación (nacidos fuera de Francia) y la segunda generación (hijos de inmigrantes nacidos en territorio francés): el total acumulado es: alrededor de 15,3 a 15,5 millones de personas. Los cuales representan entre el 22 % y el 23 % de la población total que reside en Francia. Es decir que, casi 1 de cada 4 habitantes tiene un vínculo migratorio directo de primera o segunda generación.
Por lo tanto, la abrumadora mayoría de tales “inmigrantes” son ciudadanos franceses o residentes legales; haciendo que el conflicto de los disturbios sea primordialmente un problema de integración social de ciudadanos nacionales marginados. Y no un problema de extranjería o deportación legal, cosa que lo diferencia grandemente de otros países de la misma UE.
En el plano socio-económico, estos “inmigrantes” sufren tasas de pobreza y desempleo que duplican la media nacional. Y al estar concentrados en entornos urbanos funcional y espacialmente segregados, su situación vivencial se complica mucho más.
Resulta caústicamente paradójico que tal política urbanística fallida se parezca mucho a la adoptada por el régimen dictatorial de Pérez Jiménez en la Venezuela de los años cincuenta del siglo pasado, para alojar a nuestros propios connacionales “inmigrantes” pobres, quienes provenían del interior del país hacia las ciudades.
La antes mencionada “tormenta social perfecta”, tal y como lo apuntan bien muchos de los artículos que he leído, se inflama aún más en la praxis política de las calles, por medio del intento abierto de los partidos principales de oposición (tanto de extrema derecha como de extrema izquierda) de capitalizar el malestar social y su violencia conexa para sus beneficios inmediatos en términos político-electoreros.
La primera conclusión de todo lo anteriormente expuesto, no debería sorprender a ninguna persona dotada de una “mente esférica”, o preñada de una racionalidad humanista: mientras las causas originales de estas manifestaciones (tanto las pacíficas como las violentas) no sean enfrentadas con acciones reales y eficientes (cosa muy dificultosa en un país tan golpeado económicamente como la Francia de Emmanuel Macron) las semillas del descontento ante la injusticia de la marginación estarán siempre prontas a germinar de nuevo.
Con el objeto de dimensionar aún más los impactos factuales de las múltiples protestas civiles que han recientemente puesto a la Francia republicana en llamas, vamos a presentar los siguientes datos oficiales, provenientes del Ministerio del Interior francés:
Se calcula que alrededor de 550.000 personas salieron a manifestar su descontento acumulado en todo el territorio francés. Estas estimaciones oficiales difieren de las emanadas por los diversos sindicatos galos, los cuales calcularon una participación de unas 800.000 a 1.000.000 personas en las marchas a nivel nacional. En relación con la variedad de actores: las autoridades y reportes policiales recalcan una distinción clara entre el grueso de la población que se movilizó de forma pacífica y los grupos radicalizados y los encapuchados violentos no politizados, quienes protagonizaron los saqueos y actos vandálicos.
El conteo oficial a nivel nacional de los detenidos por tales actos destructivos y pillajes hasta ahora se computa entre 2.000 y 2.400 personas detenidas por la policía y la gendarmería. De esos ciudadanos quedan, hasta hoy en custodia policial activa: más de 550 personas esperando comparecer en juicios rápidos por cargos de rapiña, destrucción de bien público y agresión. Los daños humanos a las fuerzas de seguridad y de emergencias se contabilizan entre 600 y 1.000 efectivos heridos (incluyendo policías antidisturbios, gendarmes y bomberos).
Entre los manifestantes y civilesse registran una gran cantidad de heridos en los enfrentamientos, incluyendo casos graves con mutilaciones (como pérdida de mano u ojo) debido al uso de material pirotécnico y/o por dispositivos antidisturbios. Afortunadamente, solo se ha registrado una persona fallecida debido a un paro cardiorrespiratorio registrado durante los disturbios en París. Con respecto a los daños materiales a los comercios y el sector privado en general la Fédération del Commerce et de la Distribution (FCD en francés) calcula que unos 1.500 comercios y tiendas fueron vandalizados o saqueados en ciudades como París, Marsella, Lyon y Rennes.
En referencia a la infraestructura pública y su patrimonio: se han reportado algunos incendios parciales o totales en edificios emblemáticos como el Ayuntamiento de Limoges y dependencias locales en Marsella y Lyon. El arqueo de las consecuencias nefastas de los disturbios callejeros en Francia se completa con cientos de vehículos calcinados, mobiliario urbano destruido y daños en fachadas comerciales de marcas de lujo y tiendas de telefonía.
El costo económico proyectado, a falta del balance definitivo de las aseguradoras, se calcula en cientos de millones de euros de manera consolidada, en pérdidas iniciales tanto del sector comercial como del público.
Para finalizar debemos subrayar que: la intención de este análisis no es, de ninguna manera, enaltecer a la desatada violencia personal y colectiva como la solución única y obligada por las claras injusticias de todo tipo que oprimen históricamente a las comunidades de inmigrantes menos favorecidas en la Francia de la posguerra. Creemos en ese sentido que, la violencia popular furiosa normalmente genera respuestas oficiales igualmente furiosas o incluso más furiosas, por el dominio que el Estado tiene sobre las fuerzas represivas y armadas.
Sirva este escrito como una invitación a restaurar la cordura en un ambiente incendiado por los desmanes de unos pocos “bárbaros” que imponen su ley bruta sobre las mayorías pacíficas que protestan justamente frente a las iniquidades que oprimen sus vidas desde hace mucho tiempo en Francia (y en cualquier lugar del mundo).
Se trata de cambiar las maldades de una guerrilla desenfrenada y destructiva por las bondades de una “Democracia Constructiva” más equitativa y humanista, que se dedique a apagar las llamas que hoy incendian a la República Francesa, extinguiendo sus verdaderas causas, que amenazan como tizones flamígeros, al presente y al futuro de esa gran nación.
